El presidente, que dejará la Casa Blanca en una semana, será juzgado por “incitación a la insurrección” tras el asalto violento al Capitolio. Diez republicanos se han sumado a los demócratas.

La era de Donald Trump termina con el cuarto proceso de destitución en la historia de Estados Unidos, el segundo contra el propio Trump. La Cámara de Representantes votó este miércoles a favor de juzgar al presidente republicano por “incitación la insurrección” tras el violento asalto al Capitolio, hace una semana, por parte de unos ultras arengados por él mismo.

A solo una semana de dejar la Casa Blanca, Trump se ha convertido en el primer mandatario sometido dos veces al impeachment, pero, a diferencia del juicio por el escándalo de Ucrania, este caso ha abierto grietas entre los suyos. Este procedimiento salió adelante con 232 votos a favor (una decena de ellos, republicanos) frente a 197 en contra. El día que el mundo vio el templo de la democracia estadounidense atacado por una turba ha sacudido al partido de Abraham Lincoln y ha desatado una crisis nacional.

Ningún otro de los presidentes objeto de juicio político en el pasado había recibido tantos votos de su propio partido en favor de juzgarle. Bill Clinton, en 1998, tuvo cinco. Andrew Johnson, en 1868, y el propio Trump, en 2020, ninguno. Esta vez, tras ocho horas de debate y una semana de conmoción nacional, 10 republicanos se desmarcaron del grupo y votaron junto a los 222 demócratas, mientras que otros cuatro no votaron.

El Capitolio parecía un edificio noble tomado por el Ejército en tiempo de guerra. Un imponente despliegue de la Guardia Nacional custodiaba el amplio perímetro de seguridad alrededor del complejo que acoge la Cámara baja y el Senado, cercado por altas vallas de hierro. Dentro, centenares de militares dormían sobre los suelos de mármol, descansaban de sus turnos apoyados en las estatuas, comían o charlaban entre ellos por la ilustre rotonda de la entrada, por todos los pasillos y vestíbulos. Otros, patrullaban por las laberínticas instalaciones.

Hacía justo una semana, el 6 de enero, se había escrito un capítulo aciago de la memoria de ese lugar. Hordas de seguidores de Trump habían irrumpido con desconcertante facilidad para boicotear la certificación del demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales. Horas antes, el aún mandatario les había animado a marchar hacia el lugar y “luchar como un demonio” contra unas elecciones que tachaba, sin base, de “robadas”.

Murieron cinco personas, entre ellas, un policía apaleado. La sesión de las Cámaras se suspendió y se retomó de noche. Ya de madrugada, se confirmó a Biden como presidente electo. Nunca en su historia reciente Estados Unidos había visto tan cerca el fantasma de un golpe. Y nunca en la historia reciente ese Capitolio se había transformado en el fuerte que era este miércoles.

“Sabemos que hemos sufrido una insurrección que violó la santidad del Capitolio del pueblo y que trató de revertir la voluntad debidamente registrada por el pueblo americano”, señaló la presidenta de la Cámara de Representantes, la veterana demócrata Nancy Pelosi, este miércoles al comenzar el debate sobre el impeachment en la sala de plenos. “Y sabemos —continuó— que el presidente de Estados Unidos incitó a esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país. Debe irse. Es un claro peligro para el país que todos amamos”.

Pelosi, tercera autoridad de la nación, citó un discurso de Abraham Lincoln de 1862 para llamar a los legisladores, demócratas y republicanos, a cumplir con su “deber del patriótico en la hora de una crisis decisiva para el pueblo estadounidense”. “Compañeros del Congreso, compatriotas, no podemos escapar de la historia. Cumplamos con nuestro deber y con nuestro juramento y honremos la confianza de nuestra nación”, enfatizó.

El Partido Republicano, hecho un bloque de apoyo a Trump en el impeachment de hace un año, ha entrado en una fase de guerra de guerrillas tras el asalto al Congreso. La congresista Liz Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney y la tercera republicana de más peso en la Cámara de Representantes, anunció la noche antes que votaría a favor de juzgar a Trump.

En un duro comunicado, Cheney concluyó que “nunca ha habido una mayor traición por parte de un presidente de Estados Unidos”. En el polo opuesto del partido, Jim Jordan, se empleó durante el debate en una encendida defensa del mandatario saliente, asegurando que todo respondía a una “obsesión” por echar a Trump desde su primer día.

Pero ese no era el sentir general. Aunque la mayor parte de los republicanos votó en contra del impeachment, pocos dieron la cara por el magnate neoyorquino de forma entusiasta. Resultó significativa la postura del líder de la minoría republicana en la Cámara, el californiano Kevin McCarthy, quien admitió que Trump “tiene culpa” de lo ocurrido, pero consideró más apropiado reaccionar con un “voto de censura” al mandatario y la creación de una comisión de investigación, que impulsar un juicio político en el Congreso “en tan poco tiempo”, sin haber llevado a cabo pesquisas y audiencias previas.

Trump dejará de ser presidente en una semana, el 20 de enero, cuando Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, tomen posesión de sus cargos. Es excepcional todo lo que rodea a este impeachment, ya de por sí un mecanismo extraordinario. La fase en Cámara de Representantes ha procedido a votar solo una semana después de los hechos, sin articular una investigación previa, comparecencias o testigos.

Lo que en el impeachment de hace un año, a raíz del escándalo de Ucrania, llevó cerca de tres meses, esta vez se ha resuelto en unos días, en buena medida porque las faltas que se le atribuyen al presidente se han cometido esta vez a ojos de todo el mundo, en una larga lista de mensajes publicados en Twitter o en discursos grabados y retransmitidos en directo.

Ahora Trump ya está formalmente acusado, pero no está claro cuándo Pelosi trasladará el caso al Senado, donde se celebra el juicio propiamente dicho y se vota el veredicto. Sí es seguro que el proceso tendrá lugar con Trump ya fuera de la Casa Blanca. Además, los propios demócratas se plantean aplazarlo durante semanas, incluso meses, para que la nueva Administración de Biden pueda echar a andar sin cortapisas, pues un Senado copado por este juicio tendría dificultad incluso para confirmar a los nuevos cargos del Gobierno demócrata.

En el Senado, el veredicto de culpabilidad no será sencillo pese al estupor, ya que requiere dos tercios de los senadores. Los demócratas controlan la Cámara de Representantes, pero están empatados con los republicanos en la Cámara alta (50-50) y necesitarían los votos de hasta 17 miembros del partido de Trump. Su líder en el Senado, Mitch McConnell, no se ha pronunciado públicamente, pero ha expresado su satisfacción por el proceso como una oportunidad de purgar al partido de la sombra de Trump, según fuentes de su entorno directo citadas por The New York Times. Esta posición de quien fue el muro de contención de Trump ante los demócratas en el juicio por Ucrania da cuenta del nuevo escenario que el 6 de enero se abrió en Estados Unidos. Según asesores de McConnell, hasta una docena de senadores podrían votar a favor de condenarlo.

De salir culpable, los senadores podrían votar acto seguido la inhabilitación de Trump para cualquier otro cargo público, lo que liquidaría cualquier posibilidad de presentarse en 2024, algo que insinuaba hasta ahora. El juicio en sí será también, como defienden los demócratas, una manera de sentar precedente y no dejar que la acción del mandatario quede impune. Como alternativa al impeachment, estos instaron al vicepresidente, Mike Pence, a destituir al dirigente por incapacidad invocando la 25ª Enmienda de la Constitución, pero Pence se negó.

Estados Unidos se ha adentrado así hacia su cuarto impeachment, un procedimiento que los padres de la Constitución diseñaron para poder condenar y destituir a un presidente en caso de “traición, soborno, delitos o faltas graves”. El primero fue al presidente demócrata Andrew Johnson (1868); el segundo, al también demócrata Bill Clinton, en 1998, y el tercero, al propio Trump, a principios del 2020 por sus maniobras con el Gobierno de Kiev para sacar trapos sucios de los Biden [Trump pidió al presidente de Ucrania que anunciase investigaciones sobre el hijo de Biden y otros demócratas].

Es un asalto directo a la democracia lo que se juzgará ahora en Washington. Trump llevaba años alimentando las dudas sobre la credibilidad del sistema electoral estadounidense, pero al perder la reelección contra Biden el 3 de noviembre, comenzó una peligrosa huida hacia delante difundiendo un arsenal de acusaciones infundadas de fraude electoral ―todas tumbadas por los tribunales―, presionando a los funcionarios responsables de los territorios clave que perdió y azuzando a sus bases contra lo que calificaba de “robo”.

El mismo 6 de enero por la mañana llegó al éxtasis lanzando arengas como: “Después de esto, vamos a bajar caminando hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”. “A algunos no los vamos a animar mucho porque nunca recuperaréis vuestro país con debilidad, tenéis que mostrar fuerza y ser fuertes”, insistió.

Ahora, el clima de desconfianza en Estados Unidos es tal que el general Mark Milley y el resto de jefes del Estado Mayor Conjunto emitieron una declaración el martes para recalcar que el Ejército protegerá la Constitución de Estados Unidos “contra cualquier enemigo interior” y que Joe Biden será el Comandante en Jefe a partir del 20 de enero.

Trump, mientras, aislado por la mayor parte del establishment republicano durante sus últimos días en la Casa Blanca, se dirigió este miércoles a sus seguidores a través de un comunicado en el que rogaba: “Ante las informaciones sobre nuevas manifestaciones, urjo a que no haya NADA de violencia, NADA de romper la ley y NINGÚN vandalismo”. Es tarde, el presidente que jugaba con cerillas se despide encausado de nuevo.

(Por Gustavo R. G. Lima, de la Sala de Prensa, con El País)