Terminó la semana sin que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se expidiera sobre la acción de inconstitucionalidad que presentó Itaipú Binacional para evitar que la Contraloría audite los gastos de los fondos sociales.

Si bien es cierto que no hay un plazo fijado para que tomen la resolución, debido al interés que genera este tema se esperaba que los ministros tomaran una decisión lo más rápido posible.

El Senado había aprobado una resolución en la cual se solicitaba a la Contraloría General de la República que audite el destino de los fondos sociales de las dos binacionales luego de que los directores de las mismas habían dicho que quedaba muy poco del dinero para destinar a Salud tal como lo había aprobado el Congreso.

Tanto Manuel María Cáceres (Itaipú) como Nicanor Duarte Frutos (Yacyretá) pelearon con uñas y dientes para evitar el ingreso de la Contraloría a su territorio, con el argumento de que estaban regidos por sendos tratados bilaterales por lo que necesitaban la autorización de la contraparte.

Luego de varios pataleos y con una sentencia judicial en contra, Duarte Frutos entregó a la CGR los documentos en cuestión aunque no permitió que funcionarios de la institución ingresaran a Yacyretá. Cáceres, de Itaipú, se mantiene en su negativa y al sentirse presionado decidió recurrir a la Corte con una acción de inconstitucionalidad, pasando la pelota al ámbito judicial, para lo cual, incluso, realizó una contratación millonaria de un abogado externo, Javier Mendonca, a pesar de contar con un amplio departamento de asesoría jurídica.

Al expedirse la Corte se terminará el conflicto ya que su decisión es inapelable. La Contraloría ya anunció que respetará la decisión. Habrá que ver si Itaipú hará lo mismo en el caso de que la misma le fuera desfavorable.

(Sala de Prensa com ADN)