En el encuentro realizado ayer en el Senado, las autoridades encargadas de combatir el contrabando reconocieron que todavía hay funcionarios cómplices de este crimen, situación que se trabaja con sumarios y cambio de personal. Sobre las amenazas de movilización de los horticultores por la inundación de tomate ilegal en el mercado local, afirmaron que con todas las medidas que se están tomando en dos días mejorará la venta de la producción nacional.
Por su parte, el ministro coordinador de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), Emilio Fúster, explicó que una muestra de los trabajos que se están ejecutando es la manifestación de los paseros de Ciudad del Este, que ante la imposibilidad de seguir ingresando productos ilegales presionan para seguir trayendo pollo, azúcar, huevo, tomate y zanahoria al país.
Sin embargo, al igual que Velázquez, admitió que hay funcionarios desleales. “Evidentemente existen todavía funcionarios contaminados con los contrabandistas y nosotros hemos demostrado eso desde un principio y hemos actuado también…”, expresó al referirse al desmantelamiento del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada y la persecución penal de su ex director, Ramón Benítez, un hecho que demuestra que “la corrupción y el contrabando van de la mano”.
Sobre el punto, comentó que la Dirección Nacional de Aduanas está depurando sus filas, lo que sumado a las medidas de la Armada y la incorporación de tecnología en los controles arrojará buenos resultados incluso en dos días, pero al mismo tiempo advirtió que erradicar el contrabando es difícil y no se puede lograr de la noche a la mañana.
El encuentro se realizó con la mediación del presidente del Congreso, Óscar Salomón, y el senador José Ledesma, ante quienes Fúster confesó que hay políticos “de todos los colores y zonas” que presionan para que se flexibilice el ingreso de mercaderías ilegales, atendiendo la dura situación económica que enfrenta la población. El ministro reconoció que este tipo de situaciones se dan sobre todo en un contexto de campaña electoral, pero aseguró que por su parte no cederá a ninguna presión. También se dirigió a los productores que amenazan con pedir su destitución y les indicó que el cargo está a su disposición, pero que considera que no es la salida a este problema.
MÁS ACCIONES Y MENOS MÁRKETING
Los horticultores verificarán los resultados de los controles hasta el viernes y dependiendo de los resultados analizarán si convocan a una movilización nacional.
El principal reclamo es que los intermediarios están pagando solo G. 2.500 por cada kilo de tomate, aprovechando que hay una sobreoferta a raíz del contrabando. El precio que el sector reclama es de G. 4.500 por kilo como mínimo.
Juan Aranda, representante de la Asociación de Productores Frutihortícolas de Arroyos y Esteros, que a su vez está agremiado al Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas, manifestó que cada productor de tomate beneficia a al menos cuatro familias, e incluso a más en temporada de cosecha.
Ante la amenaza que corre el sector por la competencia desleal contra productos ilegales, dijo que espera que los controles sean tan rigurosos como las represiones que sufren los agricultores cuando salen a movilizarse en las rutas en reclamo de mercado seguro y justo. Para cumplir con el objetivo, pidió a la UIC que deje de intervenir unos pocos locales solo para el “márketing” y realice verdaderos operativos en los depósitos del Mercado de Abasto.
En la misma línea se expresó su compañero, Pedro Ledesma, quien lamentó que ahora que pueden llegar a la calidad que les exigía el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante inversiones y la compra de buenas semillas importadas, aún sean castigados por la desidia de las instituciones.
(Sala de Prensa con Ultima Hora)